Comfamiliar con seguridad hace su trabajo, a su cargo están las bibliotecas municipales; se sugiere entonces un mayor empeño por cristalizar la Biblioteca Departamental, sin mentirle a la ciudadanía.
Por: Alan González Salazar
Pasados cinco meses desde la inauguración de la Biblioteca Departamental de Risaralda –evento realizado en el marco de la celebración de los cincuenta años del departamento–, aun no se garantiza el acceso público a dicho patrimonio, ya que estos documentos están incompletos y no se encuentran debidamente catalogados; además, las herramientas para su consulta no se implementan a pesar que pasa el tiempo y uno y otro político solo van a emitir discursos con verdades a medias y a sonreírle a las cámaras sin saber muy bien qué hacen o dicen en dichas reuniones.
En el informe de prensa que difundieron las entidades en el mes de agosto de 2017 se pudo notar la ausencia de los escritores de la región. El gobernador Sigifredo Salazar solo invitó a quienes firmaron el convenio. Por ser un compromiso de ley, hace ya tiempo que debería existir la biblioteca departamental, en fin, en dicha inauguración aparece el profesor Jaime Ochoa, quien por décadas adquirió y reseñó los autores que serían necesarios para integrar dicho patrimonio.
La confusión nace del sobrevalorado “tesoro”, es decir, que no están dispuestos a tasar un valor económico de la biblioteca, la cual peregrina por toda la ciudad, sin dolientes, como un “bien” indeseable. ¿Quién quiere hacerse cargo de los libros?
Para evadir este compromiso buscan que la ciudadanía done los ejemplares que hagan falta y desentenderse del compromiso ya asumido con el profesor Ochoa… sin contar que el lugar donde repose el patrimonio documental debe ser símbolo y garantía de su preservación, según la Biblioteca Nacional, de un mínimo de quinientos años…
Comfamiliar con seguridad hace su trabajo, a su cargo están las bibliotecas municipales; se sugiere entonces un mayor empeño por cristalizar la Biblioteca Departamental, sin mentirle a la ciudadanía.
Ofende que después de varios meses aún no se puedan consultar los documentos “invaluables”, los manuscritos, quién sabe cuántos folios o autores.
La gran mayoría de los habitantes de la ciudad no saben que existe una biblioteca departamental, ninguna campaña promocional, un letrero digno, un nombre que lo engalane como el de Bernardo Arias Trujillo, autor de Risaralda.
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Por otra parte, en mayo de 2013 se fijó el convenio interadministrativo que convertiría, para el 2015, la Biblioteca Pública Municipal Ramón Correa Mejía en un centro de estudio de carácter departamental, para entonces lo calificaron como ejemplo de gestión. Lo cierto es que ninguna de estas acciones resulta “ejemplar”.
El limbo de la biblioteca se suma a las promesas incumplidas para conformar el Archivo Histórico. Un estudiante de microbiología podría catalogar nuevos hongos entre los libros de la Biblioteca Pública, páginas enteras raídas, con manchas que dejan las manos negras por el polvo, sin que ningún letrero sugiera el uso de guantes o tapabocas para evitar el peligro del contagio de una enfermedad pulmonar.
El descuido del presupuesto que por años arrastra la administración lo pagan con su salud los usuarios. ¿Cómo se harán cargo de la biblioteca departamental, si un proyecto bandera como los Paradores de Libros, ubicados en los parques, fracasa por connivencia y mediocridad? ¿Si la Biblioteca Pública invita escritores a presentar sus libros y no les ofrecen ni agua o el caso de otro que dona ejemplares y se embolatan? La cultura será el síntoma de una sociedad degradada.
Ahora bien, ¿quién podría encargarse de la mejora en infraestructura de las bibliotecas? La respuesta se intuye: un funcionario nombrado por mérito y no la cuota política del representante de turno.